e-Government...

La Administración Pública, como conjunto de instituciones, organismos, recursos y actividades, justifica su existencia en el beneficio de los ciudadanos. A tal efecto, sus funciones están rígidamente sujetas y delimitadas por la legislación, y sus principios son la legalidad, la garantía, la seguridad jurídica y la equidad.

Tradicionalmente, Administración Pública y burocracia son dos conceptos que van unidos, quizá, pero sólo quizá, inevitablemente. Las características weberianas que definen la burocracia (sistematización de reglas y procedimientos, jerarquía, división del trabajo, despersonalización de las relaciones, énfasis en la comunicación escrita, selección de sus trabajadores sobre la base de la capacidad y mérito según baremos preestablecidos, etc.) casan admirablemente con algunas características, fácilmente reconocibles, de las Administraciones Públicas.

En general, las Administraciones españolas organizan sus tareas con un enfoque departamental y verticalizado, con estricta división del trabajo, procesos normados taxativamente en forma de procedimientos, y rutinas relativamente sencillas y repetitivas. Son, en la conocida terminología de Mintzber, burocracias maquinales, y poseen todos los elementos del modelo básico: alta dirección, línea de mandos intermedios perfectamente jerarquizada, nivel operativo, “staff” y tecnoestructura. Desde otra perspectiva, la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas (no así las Administraciones Locales) también responden al modelo de burocracia divisional, ya que cada una está constituida por unidades, en gran medida autónomas (Ministerios o Consejerías) que reproducen el esquema básico a su propia escala, y que están acopladas mediante una estructura central de mando con escasa línea media y poca tecnoestructura, y un “staff” considerablemente mayor.

Las profundas y veloces mutaciones que experimenta nuestra sociedad: globalización, cambio cultural y de valores, niveles de exigencia de los ciudadanos, etc. en la práctica obligan a las Administraciones a cambios drásticos, a modernizarse. El paradigma garantista debe combinar y equilibrar su orientación a la observancia de la norma y a la seguridad jurídica con otros valores cada día más vigentes. Las Administraciones deben hacer las cosas bien, deprisa y a bajo coste, seguramente en ese orden de prioridad.

Una suerte de movimiento para “reinventar” la Administración propone cambiar el debate entre más Estado o menos Estado por cómo conseguir mejor Estado. Y ello sobre la base de introducir en la gestión de lo público filosofías y técnicas nacidas para el sector privado: orientación a la misión, orientación al cliente y competitividad.

El termino “Sociedad de la Información” intenta definir una sociedad en la que la creación, distribución y manejo de la información es la actividad económica, social y cultural más significativa. Tal sociedad se caracteriza por un alto nivel e intensidad de la masa de información a la que tienen acceso cotidiano la mayoría de los ciudadanos en su puesto de trabajo y en su hogar, así como por el uso intensivo de las tecnologías de la información: ordenadores, redes, software, internet, etc. Una amplia variedad de actividades económicas, sociales, educacionales y culturales están asociadas al uso de dichas tecnologías, capaces de almacenar, procesar, tramitar e intercambiar en formato digital y en tiempo real, cantidades ingentes de datos sin importar la distancia.

Las tecnologías de la información no son un remedio universal contra el funcionamiento burocrático y lento de la Administración. Pero, sin duda, son un facilitador indispensable, junto con el rediseño de procedimientos, la planificación estratégica, la gestión de proyectos, la gestión de la calidad, la formación, etc.

Administración Electrónica, Teleadministración, e-Government, son términos acuñados para designar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el suministro de información y, sobre todo, la prestación de servicios en modo telemático en lugar de en modo presencial, con los beneficios adicionales de rapidez y comodidad para los usuarios, y la reducción de costes para la propia Administración. Una visión moderna, de futuro, es la de los ciudadanos usando Internet, correo electrónico o teléfono móvil para buscar o recabar información, registrar solicitudes y conocer el estado de la mismas en tiempo real, todo con introducción intensiva de las TIC, procedimientos reingeniados, proyectos y operaciones determinadas por planes estratégicos, con orientación a usuarios, y con funcionarios motivados y bien formados.

Difícil, pero posible. Es la propia Administración la que tendrá que buscar y encontrar respuestas de dimensión estratégica a los retos planteados por la sociedad del siglo XXI.